Congreso.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT), recibió nuevas declaraciones testimoniales referidas a la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
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En la reunión expusieron Héctor Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, recientemente desplazado de su cargo; Gustavo Montanini, docente de la UBA; y el abogado Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte Suprema.
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De Vedia, como primer testigo, ratificó el informe de la auditoría donde le tocó abordar los temas legales. Sobre la naturaleza de la obra social, explicó que “es un organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera, que funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En tanto, afirmó no tener conocimiento de una acordada del juez Ricardo Lorenzetti donde el ministro Juan Carlos Maqueda renuncia a sus facultades de supervisión del organismo.
Por su parte, Gustavo Montanini, quien también integró la auditoría interna de la obra social del Poder Judicial, relató dificultades para la realización de la auditoría. “Cuando uno hace un proceso de revisión, se basa en informes de auditoría interna y lo utiliza como disparador. Al no existir esos informes, por lo tanto, tuvimos que arrancar de cero, con trece años de proceso de revisión”, dijo.
“Lo que podemos ver es que efectivamente hay algunos elementos que están identificados y otros ingresos que no, producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social”, añadió el contador. Asimismo, admitió una “diferencia de siete millones de pesos que no pudimos comprender cuál era el ingreso”.
Por último, Héctor Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, enmarcó la situación de la obra social en la última década y denunció “amenazas y seguimientos” después del informe sobre el manejo de la obra social.
“Nuestro traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que hemos trabajado en la auditoría de la obra social”, dijo. “Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que exceden el tema de la obra social, que generan mucha presión en mi pero no impide venir y contar la verdad”, añadió.
“En la auditoría lo que hicimos fue solamente detectar todas las falencias de una obra social en todos los sentidos para mejorarla para 100 mil afiliados que se merecen un mejor servicio de salud”, explicó también.
Asimismo, Marchi expuso que el responsable de la gestión de la obra social fue el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, y también apuntó contra Sergio Robles, el vocero y colaborador cercano del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, “por las operaciones de prensa, las amenazas y los seguimientos”.
“Esto es una vergüenza, porque la Corte Suprema no puede tener esta informalidad. Yo estuve con siete ministros, a los cuales tuve que jurar dignidad, respeto y cuidado por la institución. Hoy realmente eso no sucede. Y va terminar como la obra social, ese es el final de todo”, recalcó.
La Comisión continuará su labor el próximo jueves, en el marco de la investigación contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.
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