Antecedentes.
El apoderado de la empresa de Neuquén que vendió los camiones regadores a la Municipalidad de Chacabuco fue sentenciado por estafas reiteradas por comercio de automotores en esa provincia.
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Se llama Fernando Darío Machado, DNI 24608136. Fue quien firmó el contrato de compraventa de los camiones que han generado tanta polémica porque se los pagó con maquinaria del Corralón Municipal de Chacabuco que no había sido dada de baja como indica la ley.
Machado tenía un poder firmado por Nicolás David Brunengo.
Su firma está junto a la del intendente Víctor Aiola en la compra de los regadores.
Una búsqueda en la web realizada por Chacabuquero permitió encontrar los antecedentes de Machado y hasta las fotos que le tomaron en pleno juicio:
La Oficina de Seguimiento y Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Neuquén, hace saber: Que por Sentencia de Acuerdo Pleno N° 5867 de fecha 18/09/2020, dictada por el Dr. Ravizzoli Gustavo, la que se encuentra firme el 08/10/2020, se le impuso al condenado Machado Fernando Darío, DNI 24.608.136, en Acuerdo de Partes, la pena de dos (2) años y tres (3) meses de prisión de ejecución condicional como autor penalmente responsable de los delitos de “estafas reiteradas (por 14 hechos) en concurso real con estafa y defraudación especial en calidad de coautor”, delitos previstos y penados en los Arts. 172; 173 inc. 9); 45 y 55 del Código Penal. Detalle de Reglas Impuestas: Imponer como reglas de conducta que deberá cumplir por el término de dos (2) años las obligaciones de: 1) Fijar residencia, la que no podrá modificarse o bien ausentarse prolongadamente sin previo aviso a la Autoridad Judicial; 2) Presentarse cada dos meses en la Dirección de Población Judicializada y hasta tanto se regularice la atención al público mantener comunicación telefónica; 3) No abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes. Más las Costas del proceso (Arts. 268 y ss. del ritual). Información Adicional para el Cálculo del Cómputo: De las actuaciones del legajo virtual surge que al encartado se le dictó prisión preventiva en Audiencia de fecha 12/11/2017 por el término de seis meses.
En Audiencia de fecha 09/02/2018, se ordenó su prisión domiciliaria hasta la fecha 11/05/2018. En Audiencia de fecha 09/04/2018, se ordenó su libertad. En consecuencia, el encartado registra un total de 4 meses y 28 días con medidas de coerción. Cálculo del Cómputo de Pena: 1) Agotará la pena impuesta: 21/07/2022. 2) Vencimiento de las obligaciones Art. 27 bis del C.P.: 18/09/2022. Neuquén, 03 de diciembre de 2020. Fdo. Dr. Fontena Martín Enrique, Funcionario OFIJU Penal Nqn..
O sea que firmó el contrato mientras la sentencia esta vigente (es hasta julio de 2022).
El Ministerio Público Fiscal de Neuquen agrega:
Los delitos que el fiscal del caso les imputó a Fernando Darío Machado fueron estafa reiteradas y defraudación (artículos 172 y 173, inciso 9, 45 y 55 del Código Penal) en carácter de coautor; el mismo delito a Carlos Rubén Penroz; estafas genéricas a Mauro Fernando Machado; y estafas reiteradas (172, 45 y 55 del Código Penal) a Walter Romano.
La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal fue que los acusados publicaban vehículos para la venta a precios razonables a través de sitios de internet como Mercado Libre y OLX. Por lo general, los interesados se contactaban telefónicamente y a partir de allí comenzaban las maniobras para defraudar a las víctimas: aparentaban ser una empresa y tener solvencia, y montaban la escena de una operación real.
Los engaños consistían en recibir en la ciudad de Neuquén a los compradores. Primero les mostraban el vehículo y luego los llevaban a una vivienda donde se realizaba el pago en dinero en efectivo. Una vez que se cerraba el negocio les indicaban donde quedaba el registro del automotor para finalizar el trámite y quedaban en encontrarse en ese lugar. Finalmente no aparecían y tampoco el vehículo que era motivo del negocio.
El 13 de junio de 2019, LMNuequén informó:
A un mes de que concluya el plazo de la investigación por las múltiples estafas que se les atribuyen a Fernando Machado y sus cómplices, todas las víctimas que firmaron el convenio marco fueron resarcidas económicamente. Además, las dos mujeres que habían sido acusadas como parte de la banda en un principio fueron sobreseídas al no haber suficientes pruebas sobre su participación en los hechos.
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