El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, le pidió explicaciones a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por la demora en la aplicación de la Ley Brisa, la reparación económica para los hijos de víctimas de violencia familiar o de género.
A través de un pedido de informes, el organismo se hizo eco de los reclamos de los beneficiarios que registran demoras en el otorgamiento de esta compensación que se implementó por ley en 2018.
Puntualmente, la Defensoría le exigió a la ANSES que detalle el total de expedientes en trámite cuyas víctimas residan en la Provincia y por qué existen demoras en la tramitación administrativa y el pago de la prestación. Además, requirió informes sobre la cantidad de damnificados que recibieron la prestación en territorio bonaerense, y si la Anses capacitó a su personal para brindar un correcto asesoramiento a los destinatarios de esta ayuda.
“Es necesario que se eliminen todas las trabas burocráticas para que los hijos de las víctimas puedan recibir a tiempo esta compensación. No se le puede sumar más angustia a quienes sufren el dolor de perder a un familiar por la violencia de género”, sostuvo Lorenzino.
Por otro, lado, la Defensoría intervienen por el posible corte de los tratamiento de diálisis en la Provincia.
La eventual suspensión de tratamientos de diálisis que podría afectar a 5.000 personas a partir del lunes, por la falta de pagos a los prestadores en que habría incurrido el programa federal Incluir Salud (ex Profe), motivó la intervención del Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores.
El conflicto lo denunció la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales (ARD), que reclama el pago de 700 millones de pesos que se les adeudaría desde marzo de este año, situación que condiciona la continuidad de los tratamientos de las personas enfermas.
En ese contexto, Honores ya se entrevistó con las máximas autoridades del IOMA, que tienen a su cargo la operatividad en la Provincia de Incluir Salud, un programa financiado por Nación que da cobertura a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos vulnerables.
La intervención de Honores, que se reunió con el presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, y con el titular de la Unidad Ejecutora de Incluir Salud en la Provincia, Nicolás Ginobili, apunta a destrabar cuando antes el conflicto para que las instituciones de salud que prestan el servicio de diálisis no lleguen a la interrupción como ya anunciaron.
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