Según el proyecto, ni el Instituto de Previsión Social ni ANSES estarían ingresando nuevas pensiones, con lo que quedarían sin cobertura menores con discapacidad, personas con invalidez.
Los concejales justicialistas manifiestan que las pensiones nacionales implican un monto del 70 por ciento de las Pensiones Universales para Adultos Mayores, mientras que las del IPS sólo llegan a $1200 en menores con discapacidad.
De acuerdo a la resolución presentada, las prestaciones de los servicios se encuentran interrumpidas constituyendo un "reves para las personas que más necesitan de la protección del Estado"
"Un gobierno que quita pensiones no cuida a su gente, y mucho menos a los más vulnerables" declaró Tomás Domínguez en referencia a los dichos de Aiola, al tiempo que afirmó que "el monto de las pensiones en la mayoría de los casos no alcanza para cubrir las necesidades ni los tratamientos requeridos".
"La suspensión de nuevas pensiones va en contra de todo principio y de la aplicación de un modelo social que defienda la dignidad y los derechos humanos" expresó Javier Estevez, mientras explicó, para agregar, que "esta irregularidad constituye una claro estado de inconstitucionalidad".
El Bloque Justicialista, además, solicitará al resto de los bloques que acompañen una resolución manifestando la preocupación ante la suspensión de las pensiones no contributivas. "Es una medida de extrema crueldad", afirmaron.
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