El decreto se fundamentaba en la convicción política de que el Estado por disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber debía tener como preocupación primordial el acceso gratuito de todos los ciudadanos a la Universidad Pública.
El legislador provincial, refiriéndose a la fecha sostuvo “La educación pública debe ser un bien social y no un bien transable ni variable de ajuste. La universidad debe estar al servicio de objetivos de crecimiento económico con justicia social, incluyendo a todos los sectores de la sociedad”.
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