El bloque de concejales del Frente para la Victoria presentó parte de las pruebas que aportó para denuncia contra el intendente Víctor Aiola y varios de sus funcionarios por el destino que le dieron a motos que estaban secuestradas en el área de Tránsito. Se sostuvo que los rodados fueron entregados a un desarmadero de Pergamino.
Adelanto: El FPV dice que la Municipalidad... por cristian0005
Se acusa al Jefe Comunal; al secretario de Gobierno y Hacienda, Mariano Cámera; al secretario de Control de Gestión, Maximiliano Felice; al secretario de Seguridad, Darío Ciminelli; y al jefe de Tránsito, Raúl Sánchez, de Malversación de caudales públicos y otras defraudaciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias.
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- Nota relacionada: Este es el video completo de la denuncia del FPV
Si bien públicamente el Municipio habló de 600 motos enviadas a compactar, los ediles del FPV calculan que fueron 2.000 y que muchos de los titulares nunca fueron notificados sobre la medida que se iba a tomar.
El concejal Javier Estévez explicó que si se hubiera seguido los caminos legales, la recaudación de la subasta de las motos habría podido ser entregada a una entidad de bien público. El kilo de chatarra está valuado en 8 pesos, lo que hace un total aproximado de 800.000 pesos que no se cobraron.
En el video se puede ver que se ofrecen las partes a 1.500 o 2.000 pesos cada una, lo que equivaldría, según los concejales, a unos 3.000.000 de pesos en el mercado negro. Se habló de una conexión con una localidad de Santa Fe donde se revenden las partes.
No se sabe si la empresa a la que se entregó las motos estaba autorizada por la provincia para realizar la compactación.
Esta información será ampliada.
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