El concejal Javier Estévez informó que junto a compañeros de su bloque se presentaron en la Justicia para pedir que se investigue si se cometió un delito en el proceso que implementó la Municipalidad para compactar alrededor de 600 motos que estaban secuestradas desde hace años.
La denuncia fue radicada en la Fiscalía local y entre los nombrados en la misma están el intendente Victor Aiola, el secretario de Gobierno y Hacienda Mariano Cámera, el secretario de Control de Gestión Maximiliano Felice, el secretario de Seguridad Darío Ciminelli y el responsable de Tránsito Raúl Sánchez.
La causa todavía no tiene carátula. Los ediles del Frente para la Victoria quieren que la Justicia investigue si no se violaron algunos de los pasos requeridos por la legislación vigente para poder entregar las motos a una empresa de Pergamino que se supone que compactó las motos.
Estévez recordó que hace unas semanas su bloque presentó un pedido de informes sobre el tema, el cual fue aprobado incluso por los ediles de Cambiemos y hasta el momento no ha habido respuesta. En el mismo se solicitaba el contrato que se celebró con la firma de Pergamino, entre otra documentación.
En lo que respecta a la denuncia, argumentó que fue realizada para no incumplir con los deberes de funcionario público.
Ahora será la Justicia la que determine si se inicia o no un sumario judicial
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