Avalle: “Me parece que hay alguna intención de disciplinar o colonizar la Justicia”

Sergio Avalle, presidente del Colegio de Abogados de Junín, se mostró crítico para con los proyectos de ley elevados por el gobierno nacional para reformar el sistema judicial argentino. También habló de la posición que tomó la entidad sobre una propuesta de Darío Golía para crear un Juzgado de Trabajo en Chacabuco.


¿Cuál es su opinión sobre la reforma del Poder Judicial?

Habría que separar el análisis por partes, porque son diferentes proyectos. Los que va a generar mayores cuestionamientos, desde el lado de la colegiación de toda la República, es la elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Va ser muy cuestionable y muy cuestionada. Esto es porque es insconstitucional, atenta contra la letra y el espíritu del artículo 114 de la Constitución Nacional. Por un lado, está el tema de que el pueblo tiene ya sus representantes que son los Diputados y Senadores, a los cuales se eligen pro el voto popular. La Constitución luego divide los estamentos. Por un lado, los Consejeros de las Cámaras no son elegidos por la gente sino por cada Cámara. En lo que tiene que ver con Jueces, Abogados y Académicos, la Constitución va separando cada estamento, para que a los representantes de los jueces los elijan los jueces, a los abogados, los abogados y a los académicos, los mismos. Parece una perogrullada pero es la verdad.

¿Qué opina de que los candidatos vayan en las boletas de las Primarias?

Uno lo que aspira es a que un integrante del Consejo de la Magistratura tenga la mayor independencia posible, porque eso le va a garantizar una libertad absoluta de elección y de defensa de un candidato cuando este se merezca llegar a ser juez. Ahora, si un candidato va a ir en la lista de un partido político, es evidente que luego va a responder a los intereses de ese partido político. Lamentablemente, conocemos esta historia. No es nueva en la Argentina y va a seguir este problema. Supongamos que pudiera esto modificarse de alguna manera y se eligieran en forma separada de otras candidaturas, me pregunto ¿Qué abogado que ejerza la profesión estaría en condiciones económicos de realizar una campaña nacional? Es imposible. Si no es con el apoyo de un partido político o un grupo económico, no hay manera. Lógicamente, si usted recibe un apoyo de esa naturaleza después hay ciertos intereses que va a defender. El hecho de poner estas condiciones le va a quitar a cualquier consejero le va a quitar libertad de movimientos, de decidir independientemente, que es lo que uno quiere del Consejo de la Magistratura. Acá no hay cuestiones políticas. El Consejo de la Magistratura debe elegir a los mejores. Y para eso tiene que estar enfocado en ese tema.

¿En las elecciones de los colegios de abogados no participan listas que son asociadas con distintos partidos o corrientes políticas?

Puede, pero no. La mayoría de los colegios de abogados de la República, en general están gobernados por listas de independientes, de abogados. Hay algunas listas que han ganado a elecciones que pueden responder de la forma por la que usted pregunta. No obstante, cuando una conducción se torna demasiado partidista viene la reacción del matriculado común que dice: “quiero que defiendan los intereses de los abogados”. Uno cuando jura como abogado, jura defender la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia se dicten. No podemos acompañar proyectos que vayan en contra la Constitución.

¿Encuentra algún aspecto que vaya en consonancia con el mejoramiento de la Justicia?

En el campo nuestro, se pretende que se mejore el servicio de Justicia. Todo esto que hoy está en el tapete, el Colegio de la provincia de Buenos Aires lo viene diciendo desde hace 60 años. Hay un documento del año 2008 muy crítico del servicio de Justicia en la provincia que en algunos aspectos coincide con lo que hoy se está planteando. No es que para nosotros sea nuevo el tema de tener mayor acceso a la información, que haya una mayor transparencia en la designación de los jueces. Hemos defendido ese tipo de posturas a lo largo de los años.

¿Qué opina de la posibilidad de dar mayor acceso a la información judicial?

Hace bastante tiempo que no se pone en práctica verdadera la ley de derecho a la información. Si usted hoy quiere acceder a información del Estado en su conjunto, de los tres poderes, no puede, porque no está bien reglamentada y tiene mil impedimentos. ¿Cómo va a ser este tema? ¿Va a haber información de parte del Poder Judicial y no de parte del Ejecutivo y el Legislativo? Los poderes del Estado son tres, y el Estado es uno solo. Si hay una ley de información pública debe ser aplicada a todos los poderes. Si por otro lado, este tema tiende a tener un mayor control de la estadística judicial, nos parece fantástico. Nosotros lo venimos pidiendo desde hace un montón de tiempo porque también queremos saber en qué tiempo promedio tramitan las causas. Queremos saber qué jueces le ponen el hombro a la situación, tratan de llevar las cosas adelante y cuales no. Nosotros no vamos a defender lo que esté mal. Lo hemos dicho hace 5 años y en un sinfín de oportunidades. Como no defendemos malos abogados, no vamos a defender malos jueces. Lo que queremos es la mejor Justicia posible porque eso va a ir en beneficio del justiciable, de la persona que va a Tribunales a reclamar por un derecho. Además, es nuestro trabajo.

¿Y sobre la limitación del tiempo de duración de las medidas cautelares de amparos contra el Estado?

Es un tema que va a generar mucha polémica porque es muy difícil en la estructura de la Justicia argentina de hoy establecer un plazo. Es casi imposible y más si ese plazo es de apenas 6 meses. En primer lugar, porque sabemos que casi no hay ninguna causa que pueda terminar en 6 meses, aún las que son de trámite sumarísimo. En segundo lugar, porque cuando uno obtiene una medida cautelar, ya sea contra un particular o el Estado, usted tiende a garantizar una situación de hecho y de derecho que durante la tramitación del juicio podría modificarse en perjuicio suyo si no tiene esa medida cautelar. Si uno obtiene una medida cautelar por un año y la hacen caer en 6 meses, el resto del período puede pasar que se cambie la situación de hecho y cuando obtenga sentencia la tenga que poner en un marco porque no se va a poder hacer cumplir. Hoy escuchaba al Diputado Yoma, quien dijo algo importante, que este proyecto venía a voltear el amparo contra el Estado, directamente. Es constreñir al juez a un plazo muy breve, cuando además los muchas veces los propios jueces suelen establecer un plazo para las medidas cautelares porque cada caso es particular, no puede disponerse una generalidad. No todos los casos son iguales. Algunos ameritan que se proteja la situación de hecho o de derecho durante un tiempo prolongado, otros no.

¿Qué piensa que hay detrás de esta reforma?

Un colega me dijo hace tiempo que no hay ninguna necesidad de democratizar la Justicia porque el poder judicial forma parte del Estado dentro de la democracia. Supuestamente es democrático. Me parece que hay alguna intención de disciplinar o colonizar la Justicia. No tengo dudas. Si logro determinadas mayorías en el Consejo de la Magistratura voy a tener jueces afines. Eso lamentablemente, es perjudicial para todos. Puede ser circunstancialmente beneficioso para el gobierno de turno pero va a ser tremendamente pernicioso para todos los ciudadanos a futuro. Creo que hay algún tipo de intencionalidad. No voy a entrar en el terreno político. Se los dejo a los políticos que vienen discutiendo esto. Hoy el Consejo de la Magistratura de la Nación tiene 13 miembros, contra los 20 originales. Es así por un proyecto de la actual Presidenta cuando era Senadora. Se redujo la composición y empezaron a suceder todos los problemas que después fueron de público conocimiento en el Consejo. La composición anterior era mucho más equilibrada, lo que permitía mejores análisis de todos los postulantes a los cargos, etc. Esto es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde el Consejo tiene 18 miembros, y los estamentos Jueces, Abogados, Legisladores y Poder Ejecutivo tienen representación equilibrada. De hecho, creo que el funcionamiento del Consejo de la provincia es mejor.

Cambiando de tema ¿Es verdad que el Colegio de Junín apoyó el proyecto de creación de Juzgados de la Senadora Varo y dejó de lado el del Diputado Darío Golía para que Chacabuco tenga un Tribunal de Trabajo?

El Colegio tiene una postura de que sí es necesaria la creación de como mínimo otro Tribunal de Trabajo en el Departamento, dos Juzgados Civiles y uno de Familia. Es lo mínimo e indispensable que estaría necesitando el Departamento Judicial para tener un poco más de celeridad en las causas y desagotar un poco el resto de los organismos existentes. Nosotros recibidos en sesión del Consejo Directivo al Diputado Golía, quien nos explicó el proyecto que quedó para el estudio. No la recibimos a la Senadora Varo, pero el proyecto también era válido. Decidimos no apoyarlo. Queríamos saber estadísticas. El problema con el que nos encontramos es que cuando el proyecto de Darío pasa por la Corte, esta fue netamente negativa por una cuestión de estadísticas. Puede que esas estadísticas no sean mentirosas pero puede haber errores, y muchas veces esos errores obedecen al propio accionar de los abogados de Chacabuco. Se suelen confeccionar mal algunas planillas, donde hay que poner los Partidos. Parece mentira, pero cuando la Corte lee la planilla y en vez de decir Chacabuco, dice Junín. No lo pongo como algo seguro. Como vi mucho de esos casos, dije, puede ser una punta para determinar por qué pasó. La sensación que tengo es que hay muchos juicios laborales de Chacabuco en Junín. Ahora cuando voy a las estadísticas, por ejemplo, en el 2011 o el 2012 fueron 112 causas de Chacabuco en todo el año. Son 10 u 11 por mes. Con 11 causas por mes en ningún lugar de la provincia la Corte va a emitir opinión favorable para que se abra un Tribunal de Trabajo nuevo. El promedio mínimo de causas que está tramitando cada Tribunal en la provincia, no baja de 400 o 500. El tema del Tribunal fue ese. En cuanto a los Juzgados Civiles, va a ser allá lo mismo que el de Familia. Con Darío estuvimos reunidos y le tiramos ideas como mejorar algunos aspectos de la Justicia de Paz como incorporarle algunos items sobre competencias que hoy están tramitando en Junín y podrían tramitarse acá sin transformarlo en primera instancia porque eso generaría un montón de perjuicios al justiciable. Por ejemplo, violencia familiar ahora tramita en el Juzgado de Paz, pero si pasa a ser de Primera Instancia, hay que ir a Junín al Juzgado de Familia, porque el de Primera Instancia no tiene competencia. Eso, salvo que crearan una ley específicade Juzgados descentralizados de Primera Instancia con esa competencia. Él tomó las sugerencias y le parecieron válidas. Uno intenta mejorar. Estamos detrás de eso. Sería fantástico que el ciudadano de Chacabuco, Lincoln o Rojas viajaran lo menos posible. Eso sería lo ideal pero nos falta mucho para llegar a eso.

¿Ustedes le expresaron a Golía que no podían apoyar su proyecto?

No. Nosotros no es que estuvimos en contra o a favor. Dijimos que íbamos a analizar el proyecto y luego íbamos a tener alguna comunicación con él. Concomitantemente entró el otro proyecto y 1, 2 meses o 3 meses después, no recuerdo, apareció la estadística de la Corte con lo que, creo yo, ojalá me equivoque porque si Darío consigue poner el Tribunal bienvenido sea, va ser muy difícil que pase por las Cámaras de la Legislatura. Volviendo al tema con el que comenzamos, si quieren democratizar la Justicia, una de las cosas que deberían hacer es democratizar el presupuesto, y otorgarle el presupuesto que se merece porque no lo tiene, más allá de que se pueda discutir si está bien o mal administrado. No alcanza.

Nota publicada originalmente por el diario "De Hoy" de Chacabuco del 14/04/2013, firmada por Cristian Otegui